Conservación de aves en Ecuador

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Conservación de aves en Ecuador: ¿cómo estamos y qué
necesitamos hacer?
Juan Freile y Fabián Rodas
Received 2 August 2007; final revision accepted 15 December 2007
Cotinga 29 (2008): 48–55
Ecuador harbours one of the most diverse avifaunas in the Neotropics and possesses a relatively
extensive national protected areas network. Nevertheless, the country lacks national strategies and
plans for the conservation of its avifauna and biodiversity. In this paper we present a thorough
revision of the current situation and the conservation requirements of Ecuadorian birds. Alongside
effective land protection, particularly in areas where threatened and range-restricted species still
survive, the country needs a more rigorous application of current environmental bylaws, a stronger
national environmental agency, to strictly control the illegal wildlife trade, and to control and
eradicate exotic invasive species. Furthermore, it is critical to design a far-sighted environmental
education plan, along with ornithological research and publication both at scientific and popular
levels. Birds and birdwatching tourism could play a key role in environmental education and in
implementing sustainable alternatives to current land-use practices.
1. Legislación ambiental
No es novedad que la tremenda diversidad de aves
neotropicales está seriamente amenazada por el
desmedido desarrollo humano y la explotación que
éste genera, sin que el caso ecuatoriano sea la
excepción. Un 8% de las aproximadamente 1.630
especies de aves que habitan en Ecuador se
considera globalmente amenazado de extinción2,
mientras que a nivel nacional, este porcentaje
asciende al 14%9. No obstante, las evaluaciones del
estado de amenaza de las especies adolecen de
ciertas imprecisiones y carencias de información
que derivan en la exclusión de otras especies
también amenazadas.
La publicación de libros rojos globales,
regionales o nacionales de especies amenazadas
pretende apoyar a la conservación de dichas
especies proponiendo medidas de conservación para
cada una de ellas2,9. Un análisis de las acciones
propuestas en escala global2, indica que las
medidas prioritarias son: búsqueda de poblaciones
e investigación; protección y manejo de áreas; y
censos y monitoreos de poblaciones. Poco se
menciona sobre el control de impactos ambientales
de pequeña y gran escala (e.g., quemas, sobrepastoreo, agricultura extensiva, deforestación,
infraestructura, extracción de recursos renovables
y no renovables). A nivel nacional las medidas
necesarias más citadas son: protección de tierras;
prohibición de actividades no sustentables dentro
de áreas protegidas; investigación y búsquedas de
poblaciones; y recuperación de hábitat9.
En este artículo hacemos una revisión del
estado actual de las medidas y necesidades de
conservación en el Ecuador (e.g., legislación,
protección, información) con el fin de determinar
acciones prioritarias para lograr una efectiva
conservación de la avifauna ecuatoriana, de sus
hábitat y de toda la biodiversidad asociada.
En la legislación ambiental vigente en Ecuador
(Codificación de la Ley Forestal y de Conservación
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Registro
Oficial 418, 10 septiembre 2004 y Texto Unificado
de la Legislación Ambiental Secundaria, TULAS, de
2003) las aves son consideradas parte del
Patrimonio Forestal del Estado. El libro rojo
ecuatoriano9 constituye la lista oficial de especies
amenazadas (Resolución Ministerial 050, Registro
Oficial 679 del 8 octubre 2002; Artículo 61 TULAS).
Por su parte, el directorio de Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves (IBAs, en inglés)
también cuenta con el reconocimiento oficial
(Acuerdo Ministerial 001, 01 marzo 2005) como
listado de sitios de interés especial para la conservación3. Además, existen varias leyes que hacen
mención a las prohibiciones y sanciones respecto a
la cacería y comercio de especies protegidas por su
endemismo o amenaza. Otro marco referencial es la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), suscrito por el Ecuador desde 1975
(Registro Oficial 746, del 20 febrero 1975).
Finalmente, la provincia de Galápagos, por su
importancia mundial, cuenta con una Ley Especial
desde 1998, la cual regula las actividades de
aprovechamiento de los recursos naturales y el
destino de estos fondos.
A pesar de existir un marco legal que tipifica
claramente algunas contravenciones y delitos
ambientales relacionados, por ejemplo, al tráfico de
especies o a la contaminación, el control que se
ejerce por parte de las autoridades es muy débil y
deficiente. Las acciones de prevención y control de
la explotación de recursos dentro y fuera de las
áreas protegidas son insuficientes, lo que provoca la
destrucción de hábitat naturales. Incluso el mismo
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Tabla 1. Especies amenazadas globales y amenazadas en
Ecuador que no se han registrado dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP). No se incluyen especies marinas.
Información según base de datos manejada para el programa
de IBAs de Ecuador7.
Estado inflinge las leyes ambientales cuando se
enfrentan a proyectos económicos de prioridad
nacional por la debilidad del Ministerio del
Ambiente (MAE) frente a otras carteras de Estado.
Por citar un ejemplo de muchos, el Parque Nacional
Yasuní, una de las áreas protegidas más grandes y
ricas en diversidad biológica del país, está concesionado casi en su totalidad para la explotación de
tres empresas petroleras23.
Existen normativas puntuales que promueven
la conservación de determinadas especies o grupos
de especies (e.g., Convención sobre Especies
Migratorias, Estrategia Nacional de Conservación
del Cóndor Andino Vultur gryphus, del Águila
Harpía Harpia harpyja o del Guacamayo Verde
Mayor Ara ambigua), pero no hay iniciativas
integrales para toda la avifauna nacional. No
contamos con una estrategia nacional de conservación de aves vigente y validada por el Ministerio
de Ambiente, MAE (la última estrategia data de
199016). Esto debe ser una prioridad impostergable
que reforzará la legislación ambiental del país y
coordinará el trabajo, por ahora disperso, de
algunas organizaciones no gubernamentales
enfocadas en la conservación de las aves (BirdLife
International, Aves&Conservación, Fundación de
Conservación Jocotoco) con el MAE y con otros
ministerios relacionados como Turismo, Energía,
Educación y Agricultura. Asimismo, es necesaria la
aplicación cabal de los controles y sanciones
previstos en la legislación ambiental, en lo
relacionado con el tráfico ilegal de especies.
Globales
Agriornis andicola
Atlapetes pallidiceps
Chaetocercus berlepschi
Chlorospingus flavovirens
Patagioenas oenops
Crax globulosa
Eriocnemis godini
Eriocnemis nigrivestis
Grallaria ridgelyi
Grallaria rufocinerea
Hapalopsittaca amazonina
Myrmeciza griseiceps
Ognorhynchus icterotis
Pyrrhura orcesi
Synallaxis maranonica
Wetmorethraupis sterrhopteron
2. Fortalecimiento del SNAP
Si bien el conocimiento sobre la biodiversidad
contenida en las 33 áreas que conforman el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es aún
incipiente, se calcula que protegen a un 75% de la
avifauna nacional (JFF datos no publ.). Aunque la
eficacia de esta cobertura y el estado de las
poblaciones dentro de las áreas protegidas no es
objeto de este estudio, una evaluación de la
efectividad de conservación del SNAP para las aves
amenazadas mostró que 16 especies no se
encuentran protegidas dentro del sistema8
(Tabla 1).
Sin embargo, la principal deficiencia del SNAP
es la debilidad en su gestión. Con excepción del
Parque Nacional Cajas, que desde el año 2000 es
administrado de forma descentralizada por el
Municipio de Cuenca, el MAE maneja 32 áreas
protegidas. En 2003 el presupuesto de inversión
promedio en 31 áreas protegidas fue de apenas 0,56
USD/ha/año, cuando el mínimo necesario, estimado
por el mismo MAE, es 4,2 USD/ha/año en un
escenario básico, lo que provoca deficiencias en
infraestructura y falta de personal de control,
manejo y administración. Actualmente, cada
guardaparque debe vigilar en promedio 5.238 ha,
Ecuador
Aegolius harrisii
Agriornis andicola
Aratinga wagleri
Atlapetes pallidiceps
Botaurus pinnatus
Burhinus superciliaris
Cairina moschata
Chaetocercus berlepschi
Patagioenas oenops
Crax globulosa
Eriocnemis godini
Eriocnemis nigrivestis
Glaucidium griseiceps
Grallaria flavotincta
Grallaria ridgelyi
Hapalopsittaca amazonina
Heliodoxa gularis
Hemitriccus cinnamomeipectus
Margarornis stellatus
Myrmeciza griseiceps
Netta erythrophtalma
Ognorhynchus icterotis
Philydor fuscipenne
Piculus litae
Pseudocolopteryx acutipennis
Pyroderus scutatus
Pyrrhura orcesi
Rallus longirostris
Sarkidiornis melanotos
Scytalopus chocoensis
Scytalopus robbinsi
Veniliornis chocoensis
Wetmorethraupis sterrhopteron
Xenerpestes minlosi
sin movilización adecuada. Las principales fuentes
de financiamiento para los 2,705.788 USD
invertidos en 2003 en el SNAP fueron: recursos
fiscales
(35,2%),
autogestión
(30,8%),
cooperación/otros (14,6%), Fondo de Áreas
Protegidas (9,8%), convenios (9,4%)13. Considerando
que el 18,7% del territorio continental del Ecuador
está protegido por el SNAP, la inversión es
realmente insignificante. En este panorama, es
fundamental el fortalecimiento financiero del
SNAP para incrementar su efectividad. Un mayor
aporte de parte del Estado, la descentralización de
la administración de ciertas áreas y el co-manejo
con gobiernos seccionales son metas esenciales para
el futuro inmediato, siempre y cuando se mantenga
una estrategia común e integral de manejo del
SNAP que apunte a un objetivo colectivo de conservación. Para ello, es fundamental también la
capacitación en manejo de áreas protegidas para los
gobiernos seccionales. Asimismo, la implementación de mecanismos alternativos de
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áreas protegidas privadas debe tomar en cuenta un
aspecto primordial que, a nuestro criterio, no ha
recibido suficiente atención: no provocar desplazamientos de los habitantes locales o antiguos
usuarios de la tierra, sino integrarlos a la planificación, administración, uso y responsabilidad sobre
las reservas.
La conservación privada no debe deslindar a las
comunidades vecinas de sus beneficios. Muchas
áreas privadas reciben flujos importantes de
turismo de naturaleza, incluyendo el aviturismo,
pero el beneficio queda para los propietarios del
área y para muy pocos habitantes locales
usualmente contratados como trabajadores o
guardabosques. Es fundamental que la conservación privada sea también socialmente
participativa, justa y equitativa, como mecanismo
fundamental para asegurar su sostenibilidad a
largo plazo.
Es necesario que la conservación privada sea
reconocida y apoyada por el Estado, y que se
incluya en la planificación y estrategias de conservación
del
Ecuador
como
un
sistema
complementario al SNAP. Este proceso se debe
sustentar en la inclusión de normativas, incentivos
efectivos y regulaciones para la conservación
privada en la legislación ambiental ecuatoriana.
Otra forma de conservación privada es aquella
impulsada por iniciativas comunitarias que
responden a intereses y necesidades de las
poblaciones locales7. En este caso es mayor la
posibilidad de establecer procesos de conservación
más eficientes en términos ambientales y más
ecuánimes en términos socioeconómicos, ya que en
algunas comunidades todavía prima una visión por
el bienestar común, por sobre el individual.
Ciertas regiones del Ecuador todavía carecen de
un nivel adecuado de protección pese a que varios
estudios demuestran su elevada importancia de
conservación20. Siempre que se enmarque en los
principios de sostenibilidad antes mencionados, la
protección privada en regiones de alta prioridad20
puede contribuir sustancialmente a la conservación.
financiamiento (generación hidroeléctrica, pago por
servicios ambientales, bonos de carbono, turismo)
son alternativas que podrían considerarse, aunque
incurren en polémicas sobre soberanía y privatización de recursos naturales y requieren un amplio
debate público y decisiones políticas acertadas.
Muchas áreas del SNAP fueron establecidas sin
considerar el estado de tenencia, uso y propiedad de
la tierra, en especial durante la década de 1980. La
legislación ecuatoriana faculta al Estado a declarar
de ‘utilidad pública y/o finalidad social con fines de
expropiación’ a la tierra cuando se considera que
sus recursos naturales se encuentran amenazados
y sólo pueden protegerse bajo amparo del Estado,
una vez que se pague las indemnizaciones
correspondientes. Este proceso no se ha cumplido
adecuadamente,
las
indemnizaciones
y
expropiaciones no han sido efectivas y los
propietarios siguen manteniendo sus derechos de
dominio inalterados. Adicionalmente, el proceso de
declaratoria, delimitación y establecimiento de las
áreas protegidas no ha sido participativo,
provocando que la mayoría de vecinos no conozca la
importancia o existencia de las áreas y que se
sientan afectados por su presencia. Debido a ello,
algunas áreas protegidas siguen siendo utilizadas
para ganadería, agricultura, explotación forestal,
minería, entre otras.
La extracción de recursos naturales dentro del
SNAP es un hecho real y lamentable que contradice
los objetivos de manejo de las áreas protegidas. Es
necesario que el Estado promueva el ordenamiento
territorial de las áreas protegidas y establezca
claramente sus usos. Además, es fundamental
fortalecer los controles, aplicar la legislación
ambiental y negociar con los propietarios de
terrenos vecinos para su inserción en el proceso de
conservación. Sin acciones más firmes y la clara
aplicación del marco legal relacionado a áreas
protegidas, concesiones y otras competencias del
MAE, un mayor financiamiento no necesariamente
se traducirá en una gestión más eficiente.
3. Protección privada
Varios ejemplos en Ecuador y en otros países
sugieren que la protección privada de áreas
naturales es una estrategia complementaria
importante22. En Ecuador, las áreas protegidas
privadas cubren no menos de 70.000 ha. Si bien su
extensión es ínfima en relación al SNAP, generalmente se ubican en zonas deficientemente
cubiertas por éste (e.g., bosques secos suroccidentales) y, pese a su corta extensión, albergan a las
poblaciones más importantes—y a veces a toda la
población conocida—de varias especies amenazadas
(e.g., Matorralero Cabecipálido Atlapetes pallidiceps,
Gralaria Jocotoco Grallaria ridgelyi) y dan
protección a avifaunas amenazadas en zonas de
alto endemismo7. No obstante, el establecimiento de
4. Alternativas productivas y aviturismo
El Ecuador sustenta gran parte de su economía en
actividades extractivas (e.g., petróleo, madera,
pesca) y productivas de gran escala (agricultura,
acuicultura) que, sin excepción, causan grandes
impactos socio-ambientales. Remediar los daños ya
provocados es improbable por el elevado costo que
esto conlleva, por lo cual es necesario encontrar
otras líneas productivas que minimicen los
impactos. Una posibilidad es el fomento a las alternativas productivas y/o económicas que
reemplacen, en la medida de lo posible, a las
extractivas y productivas de gran proporción.
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En pequeña escala es posible construir nuevos
modelos agrícolas empleando técnicas ancestrales y
nuevas prácticas agro-ecológicas de mínimo
impacto ambiental en las cuales prima la
recuperación de la biodiversidad asociada a los
campos de cultivo. Aplicar estos modelos al nivel de
la agro-exportación es más complejo, como también
es casi improbable encontrar modos sustentables de
extraer petróleo, explotar minas o recursos
maderables. Ante ello, el turismo de naturaleza (y
en concreto el aviturismo), emerge como alternativa
factible, siempre y cuando se respeten los principios
de sostenibilidad: ambientalmente saludable,
socialmente justo y económicamente rentable. Ya
contamos con una estrategia nacional de
aviturismo11, pero es necesario un plan que la haga
operativa en zonas donde todavía es incipiente. La
promoción y gestión del aviturismo debe ser una
responsabilidad colectiva y no de pocas entidades
particulares de manera aislada. La guía de aves del
Ecuador, así como guías de observación publicadas
por iniciativa de algunas provincias (e.g., Azuay17,
Loja y Zamora Chinchipe en prep.), todas en
español e inglés, son herramientas fundamentales
para impulsar el aviturismo. Es importante
recalcar que esta fuente alternativa de recursos
económicos no es viable si no existe la infraestructura vial, hotelera y transporte adecuado, así
como los servicios especializados de guías,
promoción y seguridad, aspectos en los que deben
invertir el gobierno central, los gobiernos locales,
empresarios, universidades, entre otros actores.
actividades de control y capacitación que vienen
desarrollando las autoridades ambientales de
Ecuador y Perú en la frontera sur (FR obs. pers.). Es
fundamental incrementar el interés general sobre
este problema, para evitar el lucro ilegal con la
riqueza natural que nos pertenece a todos.
Lamentablemente, la extracción de vida silvestre se
ha convertido en una actividad económica de
subsistencia en algunas zonas del país por falta de
mejores opciones productivas. Esta es otra
necesidad que debe atender el gobierno central y los
gobiernos locales.
6. Educación ambiental proactiva
Sin duda, una educación ambiental adecuada para
todos los niveles (político, jurídico, público, escolar,
urbano, campesino) es un elemento primordial para
lograr una auténtica conservación de la biodiversidad. La educación ambiental, en todas sus
acepciones: capacitación, difusión y sensibilización,
educación y alfabetización, deben apuntar obligatoriamente a lograr cambios en nuestra forma de
entender y relacionarnos con el entorno. Además de
enseñar la importancia ecológica de las especies y
la necesidad de protegerlas, la educación ambiental
debe conseguir que asumamos la crisis ambiental
como una responsabilidad de todos; que impulse
cambios en las políticas estatales, en las prácticas
industriales y en las actividades cotidianas. El
currículo escolar vigente en el país incluye de
manera transversal el componente de educación
ambiental, aunque es necesario que éste enfatice la
crisis ambiental que mencionamos. La participación activa, estatal y privada, es fundamental
para una educación ambiental efectiva,
permanente y persistente. Las aves pueden
constituir buenas herramientas de educación
ambiental como portadoras de mensajes de conservación1.
5. Control del tráfico ilícito
Datos recientes demuestran que el tráfico ilegal de
vida silvestre en Ecuador es más grave de lo que se
consideraba14,18. Más de 50 especies de aves son
serias víctimas del tráfico ilícito, y algunas de ellas
como las loras (Amazona, Pionus) y guacamayas
(Ara) sobresalen en el mercado ilegal de fauna
silvestre. El control debe tener tres ejes: 1) la
prevención mediante intensivas campañas de
educación ambiental pública; 2) la aplicación
estricta de la legislación ambiental pertinente; 3) el
control activo en puntos de frontera, aeropuertos,
puertos marítimos y fluviales, mercados y
carreteras.
La legislación actual determina la responsabilidad de varias instituciones en el control del tráfico
de fauna: Ministerio del Ambiente, gobiernos
seccionales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas,
Clubes y Asociaciones de Caza y Pesca, Inspectores
Honoríficos de Vida Silvestre y cualquier ciudadano
que detecte el cometimiento de un delito ambiental.
Sin embargo, por falta de capacitación, información
o escaso interés de algunas de estas instituciones,
sus actividades y la coordinación para controlar el
tráfico de flora y fauna son muy limitadas. Un
avance importante es la coordinación de
7. Casos de manejo especial
La precaria situación de ciertas especies hace
necesaria la aplicación de medidas especiales que
prevengan su inminente extinción2. Hay casos
extremos como Atlapetes pallidiceps cuya
minúscula población recibe un manejo específico:
protección de su único hábitat remanente con
alambrado, control de incendios, recuperación de
hábitat y control de parásitos reproductivos
(Vaquero Brilloso Molothrus bonariensis)15. Por
ahora es la única especie continental que ha
recibido un manejo especial, pero sin duda otras
especies amenazadas pueden afrontar muy pronto
necesidades semejantes (e.g., Vultur gryphus,
Grallaria ridgelyi, Perico de El Oro Pyrrhura orcesi,
Zamarritos Gorjiturquesa Eriocnemis godini y
Pechinegro E. nigrivestis)9, mientras algunas de
hecho ya requieren medidas emergentes (e.g.,
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Bandurria Carinegra Theristicus melanosis) (D.
Cisneros com. pers.).
En Galápagos algunas especies reciben manejo
especial (e.g., Petrel Patapegada Pterodroma
phaeopygia) y la gran mayoría se benefician de
medidas más generales de manejo (e.g., extirpación
de especies introducidas). El Pinzón Manglero
Camarhynchus heliobates y el Cucuve de Floreana
Mimus trifasciatus también pueden requerir de
medidas emergentes de manejo por la crítica
situación que atraviesan sus minúsculas
poblaciones confinadas a áreas geográficas muy
limitadas24.
pyrrhopterus y algunos semilleros nativos (e.g.,
Sporophila, Oryzoborus).
9. Investigación y difusión
Si bien existe un considerable nivel de conocimiento
científico sobre las aves ecuatorianas en general5,
un análisis más minucioso demostró que hacia 2004
faltaba mucho por conocer respecto al 98% de las
especies6 (Fig. 1). En años recientes se ha
acumulado nueva información sobre la reproducción de algunas especies10,21, disminuyendo de
manera valiosa ese crítico porcentaje de aves sobre
las cuales el desconocimiento era casi total. En
Galápagos la situación es distinta ya que se ha
generado bastante información durante más de 100
años de investigación, al punto que sus especies son
las mejor estudiadas del país y entre las más
conocidas del Neotrópico5,6.
Es necesario entonces recopilar nueva
información sobre la distribución, ecología y conservación de la mayoría de aves continentales, con
8. Control de especies introducidas
La prevención y control de especies introducidas
(depredadoras,
invasoras,
competidoras,
trasmisoras de enfermedades y parásitas) es quizá
la medida más urgente para salvaguardar varias
especies de Galápagos, y ha sido implementada ya
desde hace más de dos décadas12. Es necesario
entonces que este control se mantenga y fortalezca,
en particular en las áreas donde residen las
especies más susceptibles (e.g., Cormorán de
Galápagos Phalacrocorax harrisi, Pingüino de
Galápagos Spheniscus mendiculus, Pterodroma
phaeopygia, Cucuves de Floreana Mimus
trifasciatus y de Española M. macdonaldi, y
Camarhynchus heliobates). La erradicación de
especies introducidas que transmiten enfermedades,
i.e., Paloma Doméstica Columba livia, que podrían
resultar letales es esencial. Este control debe
atender además a la prevención del arribo de
nuevas especies exóticas, situación que no ha
cesado24. La llegada a Galápagos de Molothrus
bonariensis, por ejemplo, puede resultar letal para
especies como N. trisfasciatus, N. macdonaldi, N.
melanotis, C. heliobates y Pinzón Arbóreo Mediano
C. pauper, entre otras. Estos controles y la
erradicación deben hacerse extensivos a regiones
insulares del lado continental del país, como la isla
de La Plata, donde las especies invasoras también
pueden causar graves extinciones locales.
Los mismos controles deben aplicarse para los
humedales continentales que, para el efecto, son
islas en tierra firme. Se ha demostrado que para
otros grupos de fauna la presencia de peces introducidos (e.g., truchas, tilapias) causa efectos muy
graves19. De igual forma, la posible introducción de
aves terrestres en la región continental, en especial
en ecosistemas altamente amenazados, puede traer
serias consecuencias sobre las aves nativas y
amenazadas. Por ejemplo, los introducidos Perico
Aliamarillo Brotogeris versicolorus y Capuchino
Pardo Lonchura malacca ya se han reportado en
estado silvestre y podrían establecer poblaciones
locales compitiendo con especies nativas
amenazadas como Perico Cachetigrís B.
Tabla 2. Especies prioritarias de investigación según su estado
de amenaza y nivel de conocimiento existente. Las especies de
prioridad urgente son aquellas sobre las cuales existe
solamente uno o ningún trabajo publicado de datos generados
en Ecuador, que además se incluyen en las categorías más altas
de amenaza a nivel global2 o se consideran Localmente
Extintas o En Peligro Crítico en Ecuador9. Las de prioridad alta
son aquellas consideradas Vulnerables globalmente y En
Peligro en Ecuador sobre las cuales no existe información
publicada.
Prioridad urgente
Ammodramus savanarum
Anas cyanoptera
Aratinga wagleri
Charadrius melodus
Patagioenas oenops
Crax rubra
Fulica americana
Hapalopsittaca amazonina
Leucopternis occidentalis
Netta erythrophthalma
Oreopholus ruficollis
Pachyramphus spodiurus
Penelope ortoni
Synallaxis tithys
Thinocorus rumicivorus
Prioridad alta
Ara militaris
Aramides axillaris
Aramides wolfi
Attila torridus
Buthraupis wetmorei
Cairina moschata
Carduelis siemiradzkii
Chaetocercus bombus
Xenopipo flavicapilla
Chlorospingus flavovirens
Crax globulosa
Crypturellus berlepschi
Dacnis berlepschi
Dendroica cerulea
Dromococcyx pavoninus
Galbula pastazae
Geotrygon veraguensis
Grallaria flavotincta
Grallaria rufocinerea
Grallaria watkinsi
Hylocryptus erythrocephalus
Lathrotriccus griseipectus
Leucopternis semiplumbea
Micrastur plumbeus
Myrmeciza griseiceps
Gypopsitta pyrilia
Pyroderus scutatus
Rhynchortyx cinctus
Scytalopus chocoensis
Scytalopus robbinsi
Synallaxis maranonica
Syndactyla ruficollis
Tinamus osgoodi
Touit stictopterus
Trogon massena
Wetmorethraupis sterrhopteron
Xenodacnis parina
No se incluyen especies de Galápagos.
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ornitológica, a diferencia de otros países neotropicales (México, Colombia, Chile, Argentina).
Paralelamente, necesitamos promover una cultura
de difusión técnica y pública de la información que
generamos sobre las aves y la biodiversidad en
general. Existen varios medios internacionales de
publicación científica (e.g., Ornitología Neotropical,
Condor, Auk, Wilson Bulletin) en los cuales
aparecen anualmente numerosas investigaciones
sobre la avifauna de países como Colombia, Brasil,
Argentina, México o Chile, buena parte de ellas
generada por investigadores nativos de cada país25
(JFF datos no publ.). Sin embargo, la presencia de
investigaciones hechas en Ecuador es sustancialmente inferior, y más aún aquella hecha por
ecuatorianos. Mucha información se almacena en
libretas de campo, planes de manejo, reportes
técnicos o tesis, pero no es divulgada, creando un
vacío de conocimientos y dando cabida a la
replicación de esfuerzos de investigación.
Figure. 1. Grado de conocimiento sobre las aves del Ecuador
agrupado. Se muestra seis categorías de especies según el
número de publicaciones específicas existentes hacia 2004
(datos de Freile et al.5,6) de trabajos hechos únicamente en
Ecuador. No se incluyen las descripciones taxonómicas de
cada especie. En años recientes (2005–07) ha aumentado de
manera importante el número de especies con al menos una
referencia (ver Greeney et al.10 y otros trabajos del mismo
autor) que no se incluyen en este análisis.
10. Financiamiento e institucionalidad
El mayor obstáculo para ejecutar planes y acciones
efectivas de conservación en el país es la falta de
fuentes de financiamiento permanentes y a largo
plazo y la limitada institucionalidad. Las múltiples
necesidades del Ecuador, país que aún sufre un
elevado nivel de pobreza, y las inadecuadas
políticas de Estado que priorizan la producción y
explotación inmediatista, hacen que el financiamiento fiscal sea insuficiente para mantener las
entidades estatales relacionadas con la conservación de la biodiversidad (MAE, SNAP); peor aún
que sea capaz de aportar a otros procesos de conservación. Los fondos provenientes de la cooperación
internacional o de donantes particulares son un
aporte fundamental que sostienen una gran parte
de los proyectos de conservación y desarrollo; no
obstante, los hacen dependientes de las donaciones
y, en consecuencia, no auto sustentables ni auto
determinantes.
La efectividad de los proyectos de conservación
se ve limitada por la reducida capacidad
institucional del MAE, que ha provocado que varios
gobiernos
locales
asuman
competencias
ambientales en un proceso de descentralización
carente de preparación, financiamiento o
experiencia adecuados. Por la falta de intervención
del Estado, muchas ONG han asumido sus roles, sin
la legitimidad, coordinación y planificación
necesarias. A muchas ONG se les ha dificultado el
acceso a fondos internacionales, ya que los
requerimientos son cada vez mayores. Esto provoca
que muchas instituciones elaboren propuestas que
en lugar de aportar a la conservación, tienen el
objetivo de mantener ‘viva’ a la ONG.
En este panorama, es esencial encontrar
mecanismos alternativos de financiamiento,
fortalecer la institucionalidad ambiental de los
especial énfasis en las especies amenazadas, infrecuentes y de distribución geográfica restringida5,6
(Tabla 2). De manera especial, son fundamentales
los estudios que ayuden a interpretar el modo en
que responden las especies a las alteraciones de sus
hábitat, así como aquellos que permitan definir las
acciones necesarias para su conservación (e.g.,
protección, manejo en cautiverio, vedas, controles
de uso y cacería). En el caso de las especies de
Galápagos, se necesitan investigaciones sobre el
control e impacto de flora y fauna introducidas
presentes y potenciales, a más de otros estudios que
ayuden a interpretar los procesos de declinaciones
y extinciones locales en distintas islas (esto
también es aplicable a la avifauna continental en
‘islas de hábitat’). Además, el conocimiento sobre
algunas especies de Galápagos (e.g., N. macdonaldi,
N. melanotis, Martín de Galápagos Progne modesta,
Pardela de Galápagos Puffinus subalaris, Pachay
Laterallus spilonotus) todavía es deficiente.
Asimismo, es necesario el desarrollo de investigaciones aplicadas más sostenidas en el tiempo y con
fuerte sustento científico, en las que prime el
monitoreo a mediano y largo plazo de las
poblaciones (D. Cisneros com. pers.). Por otra parte,
también surge como necesidad evaluar los posibles
impactos de cambios climáticos locales y globales
sobre las especies, considerando eventuales
cambios en su distribución y uso de hábitat.
De manera complementaria, es importante
contar con herramientas que faciliten la difusión de
información tanto de carácter técnico como público.
Algunos medios nacionales permiten la difusión con
fines de divulgación no científica (e.g., revista
Ecuador Terra Incognita4), pero todavía carecemos
de un medio nacional de divulgación científica u
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gobiernos locales y enmarcar a la cooperación que
se desarrolla mediante las ONG dentro de la planificación del Estado. Además de los fondos que
provienen de gobiernos extranjeros, ONG internacionales y donantes privados, se debe buscar la
autogestión y las alternativas productivas que
sustenten a las propias actividades de un proyecto
de conservación. El establecimiento de tasas e
impuestos a determinados productos o actividades
con alto impacto ambiental (e.g., petróleo, fábricas
de plásticos, industria maderera, transporte, agroexportación) pueden aportar a la existencia de un
fondo permanente para proyectos de conservación
que se identifiquen como de prioridad local o
nacional.
El pago por servicios ambientales, especialmente la disminución del abastecimiento de agua,
ha llevado a que ciudades muy heterogéneas como
Quito, Loja, Cuenca, Celica, Pimampiro, entre otras,
estén implementando ya el pago por servicios
ambientales para la conservación del recurso
hídrico y la biodiversidad (sin embargo, ver
comentario anterior al respecto). La construcción de
pequeñas centrales hidroeléctricas está surgiendo
también de la mano con programas de conservación, los que deberán recompensar a las ciudades
y comunidades que han sabido mantener sus
bosques inalterados. El manejo adecuado de estos
fondos crearía una fuente estable de financiamiento
a mediano y largo plazo para proyectos prioritarios
de conservación, así como el fortalecimiento institucional traducido en capacitación, equipamiento,
desarrollo de políticas, planificación y coordinación
interinstitucional. Además, se pueden explorar
otras formas de conseguir recursos para conservación, por ejemplo a través de un cúmulo de
donaciones medianas y pequeñas de personas,
organizaciones, empresas particulares nacionales
que reparen en la importancia de los recursos
naturales.
biodiversidad. Las acciones aquí sugeridas
requieren de una considerable inversión de
recursos que solo podrán conseguirse al buscar
alternativas y mecanismos creativos que
reemplacen a la dependencia del Ecuador por determinadas actividades productivas y/o extractivas de
alto impacto ambiental. La adopción de estos
mecanismos de financiamiento requiere de una
firme determinación estatal que no doblegue sus
decisiones ante intereses políticos y económicos,
junto con la participación comprometida y
responsable de la sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales. Asimismo, es básico tomar en
cuenta que estas acciones no son aisladas, sino
parte de un conjunto de necesidades de conservación y desarrollo que demandan un trabajo
permanente, eficiente y de largo aliento.
Agradecimientos
Nuestro sincero reconocimiento y gratitud a Melissa
Moreano y Diego Cisneros por sus comentarios y
sugerencias que aportaron sustancialmente a este
artículo. También a César Aguirre T. y Raúl Moscoso
por sus valiosos comentarios sobre la legislación
ambiental. Al Proyecto DarwinNet (www.darwinnet.org)
por la información sobre tráfico ilegal de especies. A
todos y todas los amigos y colegas que han ayudado con
distintas discusiones y charlas a dar forma a las ideas
aquí expuestas.
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los Andes tropicales: sitios prioritarios para la
Comentario final
Desde luego, todas estas medidas se enmarcan en la
necesidad de que las acciones de conservación sean
integrales, tomando en cuenta a toda la biodiversidad y los problemas socio-ambientales en todo su
contexto. Las experiencias vivenciales, los vínculos
espirituales o los beneficios económicos que genera
la avifauna son la fuerza motriz para lograr que
asumamos a la conservación de las aves—y de la
biodiversidad en general—como una responsabilidad colectiva y que, por tanto, comprendamos que
todo lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá
repercusión directa sobre ella y sobre nosotros
mismos. Debemos evitar que en el futuro sea
necesario tomar medidas emergentes específicas,
actuando ahora en el desarrollo de efectivas
medidas de protección y conservación más
generales que beneficien a todo el conjunto de la
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