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La misión de transformar el campo colombiano
Héctor Mondragón
Consultor
Con el sugestivo y bello título de “Saldar la deuda histórica con el campo”, fue
presentado el 14 de octubre de 2014 el informe sobre el marco conceptual de
la Misión para la Transformación del Campo, integrada por expertos en el
sector rural y dirigida por el connotado economista José Antonio Ocampo.
La necesidad de la transformación ha sido planteada por el evidente atraso del
desarrollo agropecuario, tanto con respecto a otros países latinoamericanos,
como con respecto a la realidad de Colombia; por la crisis social rural
evidenciada por el paro nacional agrario y otras grandes movilizaciones; y
también por los planteamientos acordados en las negociaciones de paz, cuyo
texto completo ha sido hecho público recientemente.
Es muy importante el objetivo central de la Misión: proponer políticas de Estado
para que el país salde su deuda histórica con el campo, como elemento
esencial para construir la paz. Hay un enfoque acertado sobre los principales
problemas del sector, que desemboca en propuestas interesantes, pero que se
contradice al tratar de algunas medidas concretas y es tímido frente a
soluciones claves.
Entre los aciertos esenciales el informe declara sin titubeos que el
desmantelamiento de la red institucional de apoyo al sector rural ha tenido
efectos devastadores. Verdad gigante: presupuesto público enano, destrucción
del ICA, de la Caja Agraria y del Idema, miniaturización del Incora, destrucción
del Servicio de Erradicación de la Malaria, etc.
Si se quiere imprimir otro dinamismo al sector y a la institucionalidad
agropecuaria hay que partir de la generación de tecnología. El informe saluda
la reactivación de Corpoica y la ánima, pero es muy tímido. Colombia requiere
dedicar recursos sustanciales a la generación de tecnología agropecuaria
propia, limpia, adecuada a la diversidad geográfica y ecológica y a la
heterogeneidad de las formas de producción, tamaño de propiedad y tenencia
de la tierra. Se necesita un instituto y múltiples grupos de trabajo científico que
generen tecnología y desde luego también que la transfieran en un país donde
solamente el 4% de los campesinos tienen alguna asistencia técnica.
Es necesario construir un sistema de planificación agropecuaria, que pueda
dirigir el crédito de fomento, la asistencia técnica, el mercadeo y el
procesamiento de los productos. En este sentido, como bien lo han exigido las
organizaciones campesinas, se requiere planificar y garantizar precios de
sustentación para orientar adecuadamente el desarrollo del sector y evitar que
sea atrapado por la telaraña de los precios y la especulación internacional.
El informe dice con razón que el sector agropecuario del país “enfrenta un
volumen creciente de importaciones que han reducido el tradicional superávit
de la balanza comercial del sector”. Tímidamente añade que “pueden ser
necesarias algunas medidas de protección, pero con una visión de largo plazo
que busque aumentar la competitividad”. Hay que llamar las cosas por su
nombre. En verdad se necesita una política de protección de la producción
nacional, que incluya la revisión de los tratados de libre comercio y que desde
luego sea completada por la generación de tecnología propia, el crédito de
fomento y los precios de sustentación. Hay que recuperar la soberanía
alimentaria.
Con toda la razón, la Misión afirma que es prioritario “lanzar una política
ambiciosa de ordenamiento social de la propiedad rural”, la cual es “parte
además de la instrumentación de los acuerdos de paz”. Aquí no se trata
solamente de un problema social de excesiva concentración de la propiedad y
de despojo por desplazamiento forzado, se trata además de un problema
económico clave para Colombia y de un problema ecológico fundamental.
El alto índice de concentración de la propiedad en Colombia, significa un alto
precio de la tierra, de manera que la renta de la tierra es un obstáculo grave
para el desarrollo rural, la rentabilidad y la competitividad del sector. El
problema más común en Colombia no es comparar la productividad de la gran
empresa con la de la agricultura familiar, sino comparar la ociosidad del
latifundio que mantiene sin sembrar 16 millones de hectáreas aptas para la
agricultura, con la laboriosidad de campesinos, indígenas y afros que se ven
obligados a cultivar tierras menos aptas y desde ahí abastecen de alimentos y
desde hace décadas se destacan como exportadores que participan del
mercado mundial.
Este grave problema económico del no cumplimiento de la función social de la
propiedad, se expresa también incumplimiento de la función ecológica, como
un grave problema ecológico, porque la no utilización o subutilización de las
tierras aptas para la agricultura, desplaza al campesinado a tierras no aptas y
sobreutilizadas, forzando la destrucción de los bosques y causando la invasión
de territorios indígenas.
El ordenamiento social de la propiedad es urgente y no puede depender
solamente de los acuerdos de paz, es una necesidad del país y de la mayoría
de los colombianos, comenzando por los habitantes de las ciudades,
especialmente los que están desnutridos, los que tienen carencia de proteínas
y vitaminas y necesitan comida de calidad y ambiente sano.
Aquí hay que anotar las inconsecuencias más graves de la Misión. Una
institucional, volver a la enésima propuesta del reestructuración o hasta (qué
despropósito) “liquidación” del Incoder (Incora). Cada reestructuración ha
costado dos años de parálisis del ordenamiento social de la propiedad, por los
costosos despidos y contrataciones nuevas, la elaboración y ampliación de
nuevos decretos reglamentarios, los trasteos, las pérdidas de memorias
institucionales. Del Incora salió el Himat, que luego fue refusionado en 2003
junto con el Fondo Dri que ahora se propone separar y ampliar y junto con el
instituto de pesca que tenía que haberse ampliado y fortalecido en lugar de
matar y que se pasó luego al ICA, cuando se descuartizó el Incoder en dos
institutos de tierras que se refusionaron porque el Estatuto Rural era
inconstitucional.
Semejante enredo de fusiones y divisiones institucionales cada vez con menos
presupuesto, debería comenzar a resolverse dándole al Incoder la capacidad
de cumplir sus funciones legales, tanto en lo que se refiere al presupuesto,
como en lo que se refiere a las órdenes de no constituir reservas campesinas,
que son ley vigente y no sólo ni principalmente asunto de acuerdos de paz.
Tal vez sería interesante tener un fuerte Incora que se encargue del tema
tierras, un fuerte instituto de desarrollo rural y un gran instituto de pesca que
por fin desarrolle ese sector clave para el futuro de Colombia. Pero comenzar
por la reestructuradera sería matar para siempre el ordenamiento social de la
propiedad, al menos las funciones de tierras deben continuar en el mismo
instituto.
El otro asunto grave es el mico que quiere ir al hombro de una misión noble. La
legalización del acaparamiento de baldíos. La misión propone en primer lugar,
que se “interprete” que la prohibición de acumular baldíos adjudicados a
colonos campesinos solo se refiere a títulos otorgados a partir de la vigencia de
la ley 160 de 1994. Como lo ha dicho un concepto del Consejo de Estado,
desde la ley 135 de 1961 el comercio de baldíos era restringido y las
adjudicaciones se limitaban a 450 hectáreas en tierras cultivadas y hasta 1.000
hectáreas en sabanas de pastos naturales. Desde la ley 30 de 1988 el límite
fue de 400 hectáreas y lo que hizo la ley 160 fue establecer que el límite era la
UAF, de diferente tamaño según la región y que en los Llanos fue estirada por
normas de Incoder a más de las 1.000 hectáreas en varios municipios. No se
trata de retroactividad, sino de prohibiciones que establecían las leyes
anteriores.
Propone también el informe de la Misión “sanear” la situación creada por
acumulación ilegal de baldíos adjudicados a colonos campesinos en virtud de
la ley 160 de 1994, a través de facilitar la creación de Zonas de Desarrollo
Empresarial con las tierras acaparadas por empresas y “se aclare que en estos
casos, y sobre tierras ya entregadas en propiedad, no se aplica la norma de
acumulación pero al mismo tiempo se exija la unidad de empresa”. Y en el
futuro crear esas Zonas “en tierras que serían arrendadas por períodos largos
por el Estado más que entregadas en propiedad”. Es decir, quienes violaron la
ley podrán consolidar propiedades en “unidad de empresa”. ¿Cómo así? No se
trata de un problema de mero saneamiento, sino de la generación de una
inmensa renta de la tierra en manos de unos pocos propietarios, cuyo negocio
principal no ha sido ni es ni será la producción agropecuaria sino la
especulación con los precios de la tierra.
Para el futuro la recomendación que supuestamente es de la Misión, ya se ha
concretado en el proyecto ley 133 de 2014 (Cámara), la única criatura que ya
ha sido concebida en este proceso. En este proyecto el gobierno nacional
insiste otra vez en que el problema de tierras se resuelve prioritariamente en
los baldíos de la Altillanura y no en utilizar la gran masa de tierras aptas para la
agricultura, desperdiciadas en manos del latifundio. En el proyecto se reduce a
sólo una tercera parte el área que debe estar en aprovechamiento y a tres años
el tiempo para adjudicar un baldío a un colono campesino y exige que éste
presente su declaración de renta. ¿Cuántos colonos campesinos presentan
declaración de renta? Ninguno.
El proyecto 133 pretende en sus artículos 11 y 12 quebrar la prohibición de
acumular tierras adjudicadas en propiedad como baldíos y especialmente en el
artículo 12 abre el paso a la acumulación de baldíos por grandes empresas en
las que denomina “Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social”
(ZIDES)”, donde se adjudicarán, además, áreas solamente en arrendamiento,
pero donde ¡Oh Gloria inmarcesible! se realizará también el acaparamiento en
propiedad, de baldíos previamente adjudicados a colonos campesinos. El
artículo 13 añade la famosa interpretación ya negada por el Consejo de Estado.
Por favor, expertos respetables que integran la Misión, bajen ese mico de su
hombro.
Cuando en 2010 el entonces ministro Juan Camilo Restrepo presentó las
conclusiones del estudio del IGAC sobre uso y aprovechamiento de tierras,
podían esperarse transformaciones positivas para el campo. Cuando se
presentó y aprobó la ley del plan de desarrollo, todo se redujo a atacar los
baldíos, a permitir su acaparamiento. La Corte Constitucional dijo NO.
Ahora contamos con interesantes diagnósticos de la Misión Rural 2014, que
llega hasta señalar las contradicciones que por el uso del suelo generan la
minería y la explotación de hidrocarburos, que plantea la necesidad de una
política integral, mucho más allá de lo agropecuario, para beneficiar a la
población rural, que plantea que sea el sujeto principal, que participe en las
decisiones y programas. Por favor, no vuelvan a salir con que el plan estrella es
entregarle los Llanos Orientales, la que llaman “Altillanura”, a las
transnacionales.
Edición N° 00421 – Semana del 17 al 23 de Octubre – 2014